La parálisis de la actividad económica que se derivó de las medidas de aislamiento para combatir el COVID-19 tendrá fuertes efectos sobre el mercado laboral. En particular, la emergencia sanitaria traerá consigo un incremento en el desempleo y en la informalidad y una disminución significativa en los ingresos de los hogares, especialmente de los más vulnerables. En América Latina y el Caribe, los efectos negativos de esta crisis pueden ser mucho más fuertes que en otros lugares del mundo debido al deterioro de la economía y por la elevada informalidad laboral en la región, que asciende al 56%. Debido a esto, es necesario que los gobiernos en Latinoamérica diseñen e implementen políticas para proteger el empleo, suavizar el consumo de los hogares y facilitar la recuperación económica luego de que pase la emergencia sanitaria.
En este documento, el Banco Interamericano de Desarrollo hace una revisión de las principales políticas que de pueden implementar en América Latina para proteger el mercado laboral en medio de la pandemia. Particularmente, el documento explora las medidas que se pueden tomar para mitigar el impacto de la pandemia en el periodo de aislamiento social, durante la recesión económica en el corto plazo y la recuperación de la economía. Además, el BID categoriza las políticas de acuerdo con riesgo en el que se encuentra la población objetivo: beneficiaria de programas sociales, trabajadores informales y desempleados y trabajadores formales en riesgo. Entre las políticas más importantes se resaltan las transferencias monetarias a los grupos más vulnerables, informales y desempleados, flexibilización de seguros de desempleo, programas de empleo público y subsidios salariales.
Más adelante el BID hace una corta descripción de los programas para proteger el mercado laboral que se vienen implementando en diferentes países de la OCDE. Finalmente, el documento expone el costo mensual que tendría para los países de América Latina diferentes montos de subsidios que se den a los trabajadores. En este caso, el BID presenta los costos por actividad económica, formalidad, tamaño de empresa y relación laboral. Además, se hace énfasis en los sectores que se han visto más afectados por la pandemia, como lo son el sector de turismo, transporte, comercio y minas y canteras. Para el caso de Colombia, el BID estima que otorgar un subsidio correspondiente a 1 salario mínimo a todos los trabajadores asalariados informales y a los independientes podría llegar a superar los USD 3.000 millones mensuales, mientras que un subsidio equivalente a la línea de pobreza estaría alrededor de USD 1.000 millones.
